Estamos ante la ruptura de uno de los principios fundamentales que han sostenido el orden global, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, según el cual el uso de la fuerza solo está justificado en defensa propia.
La intervención armada en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro es ilegal a la luz del derecho internacional. Constituye una violación de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. No cumple con los criterios establecidos en el derecho internacional para la legítima defensa (no ha habido un ataque armado).
Las pruebas de graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, cometidas por el régimen de Maduro están ampliamente documentadas, en particular por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos que informa a la ONU. Los responsables deben rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional (CPI). Instamos a la CPI a actuar sobre la base de las pruebas y a que todos los Estados respeten el funcionamiento independiente de la Corte.
Si los venezolanos han de escapar del círculo vicioso de ilegalidad, autocracia y represión que han padecido durante tanto tiempo, es esencial restablecer sus libertades democráticas. Actualmente existen señales preocupantes de que esto podría no ocurrir y de que el régimen ilegítimo podría sobrevivir. Existe el riesgo de que continúen la agitación política y el conflicto armado, como hemos visto tras otras intervenciones extranjeras. La liberación de algunos presos políticos es bienvenida. Todos esos presos deben ser liberados. Deben celebrarse elecciones lo antes posible y cumplir con los más altos estándares de rendición de cuentas y transparencia (como solicitamos tras las elecciones de 2024). Los venezolanos deben elegir a sus propios líderes.
La estabilidad en América Latina, como en otras regiones, depende del respeto constante a la soberanía de los Estados. Las disputas deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional. Sin embargo, la intervención de Estados Unidos es el episodio más reciente de una lista creciente de violaciones del derecho internacional por parte de Estados poderosos, con más amenazas en el horizonte. Igualmente preocupante es la idea de que los Estados poderosos puedan repartirse el mundo en esferas de influencia. La historia debería enseñarnos las consecuencias de estas tendencias.
Al considerarse en conjunto con la posterior retirada de Estados Unidos de la membresía o financiación de otras 66 organizaciones internacionales, estas acciones envían una clara señal de repliegue del multilateralismo.
Los líderes políticos deben defender con firmeza los principios fundamentales de la Carta de la ONU, en particular la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de los Estados. Estos principios han ayudado a prevenir una tercera guerra mundial durante más de 80 años. Los líderes deben hacerlo de manera coherente —no solo cuando les conviene— o el derecho internacional se vuelve irrelevante y el mundo se precipita hacia un escenario de anarquía y caos.
Las consecuencias de no detener esta ruptura podrían ser muy adversas para todos los pueblos del mundo, incluidos quienes viven en Estados poderosos. La estabilidad mundial está en peligro. Es responsabilidada de todos defender el Estado de derecho internacional cuando está bajo amenaza, como lo está hoy.
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