Las grandes potencias violan el derecho internacional y socavan de manera sistemática las instituciones multilaterales. El costo recae, una vez más, sobre los más vulnerables en términos de vidas perdidas por los conflictos e interrupciones graves en el suministro de alimentos, fertilizantes y energía.

La agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sumido a Oriente Medio en una profunda inestabilidad. Irán ha cometido durante décadas graves crímenes contra su propio pueblo; además, su bloqueo del estrecho de Ormuz, así como los ataques de Israel contra el Líbano, constituyen nuevas y flagrantes violaciones del derecho internacional.

El trasfondo de esta crisis es una larga cadena de decisiones corrosivas: desde la invasión estadounidense de Irak en 2003 y la anexión rusa de Crimea en 2014, pasando por la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, hasta el ataque continuo de Israel contra Gaza y Cisjordania.

El orden internacional creado en 1945 se fundó sobre un compromiso esencial: que ningún Estado, por poderoso que sea, tiene derecho a librar una guerra de agresión ni a usar la fuerza salvo de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Hoy, ese compromiso se encuentra bajo un ataque sostenido por parte de las mismas potencias que deberían ser sus garantes.

Las grandes potencias invocan selectivamente el derecho internacional contra sus adversarios, mientras lo ignoran en su propia conducta o en la de sus aliados. Esta doble moral se refleja también en el uso reiterado del veto, que continúa erosionando la credibilidad y eficacia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Con cada nueva violación, nos alejamos aún más de los valores y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Otros actores se sienten envalentonados para violar la ley y los derechos humanos, sabiendo que no existe un árbitro global creíble. Cada violación normaliza lo inaceptable.

Las consecuencias son devastadoras: niñas asesinadas cuando sus escuelas son bombardeadas; madres violadas frente a sus hijos; hospitales, trabajadores de la salud y periodistas atacados deliberadamente por fuerzas estatales; jueces y abogados intimidados o asesinados hasta ser silenciados.

Al reunirnos en Nairobi junto a líderes africanos, somos plenamente conscientes de los terribles conflictos que siguen devastando Sudán y la República Democrática del Congo. Todas las partes involucradas en estas guerras —incluida Ruanda, por la incursión de sus fuerzas en la RDC, así como los múltiples patrocinadores extranjeros de ambos bandos en Sudán— son responsables de atrocidades contra la población civil, incluida la violencia sexual generalizada.

La escala de los crímenes de guerra y del sufrimiento humano es indignante. Los líderes que creen en el Estado de derecho deben hablar con una sola voz para exigir el respeto de los derechos y la rendición de cuentas de quienes los violen.

El derecho internacional no es una abstracción. Es el resultado de algunos de los capítulos más sangrientos de la historia humana reciente. También sostiene nuestra vida cotidiana de formas que muchas veces no vemos: nuestra capacidad de viajar, comerciar, comunicarnos y vivir con seguridad y dignidad.

Por ello, todos los sectores de la sociedad tienen la responsabilidad de dar un paso al frente y defender el derecho internacional: los líderes políticos, las instituciones multilaterales, el sector empresarial, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil.

La historia nos enseña que un mundo regido por la idea de que “might is right” — “la fuerza hace el derecho”— siempre termina en desastre.

Mientras los presidentes Xi y Trump se reúnen, todos los líderes deben actuar con urgencia para restaurar la primacía del derecho internacional y proteger uno de los mayores logros políticos de la humanidad: la coexistencia pacífica regida por la ley, no por la fuerza.

FIN

Juan Manuel Santos, former President of Colombia, Nobel Peace Laureate and Chair of The Elders 

Graça Machel, Founder of the Graça Machel Trust, Co-founder and Deputy Chair of The Elders  

Gro Harlem Brundtland, former Prime Minister of Norway and former Director-General of the WHO 

Helen Clark, former Prime Minister of New Zealand and former head of the UN Development Programme 

Elbegdorj Tsakhia, former President and Prime Minister of Mongolia 

Zeid Ra'ad Al Hussein, former UN High Commissioner for Human Rights 

Hina Jilani, Advocate of the Supreme Court of Pakistan and co-chair of the Taskforce on Justice 

Ellen Johnson Sirleaf, former President of Liberia and Nobel Peace Laureate 

Denis Mukwege, physician and human rights advocate, Nobel Peace Laureate 

Mary Robinson, former President of Ireland and former UN High Commissioner for Human Rights 

Ernesto Zedillo, former President of Mexico