Defender a la Corte Penal Internacional o abrir la puerta a los crímenes más atroces
Declaración de Los Elders: La Corte Penal Internacional (CPI) es un pilar fundamental de la justicia internacional. Encarna el principio esencial de que nadie está por encima de la ley.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la CPI constituyen un ataque sin precedentes al derecho internacional y a los derechos de las víctimas de atrocidades masivas en todo el mundo.
Instamos a los 125 Estados Partes del Estatuto de Roma a defender a la Corte y su mandato durante la Asamblea de los Estados Partes, que se celebrará en La Haya a partir del 30 de noviembre.
La CPI está siendo atacada precisamente porque tiene la capacidad de actuar. Cuestiona el abuso de poder y la impunidad de quienes lo ejercen, incluso en los más altos niveles. Como tribunal de última instancia, la CPI solo interviene cuando los Estados no tienen la voluntad o la capacidad de investigar y juzgar estos crímenes. Desde los crímenes de guerra en Ucrania y Gaza hasta el genocidio en Sudán, pasando por los crímenes de lesa humanidad en Filipinas y la persecución por motivos de género en Afganistán, la Corte ofrece un camino hacia la justicia para las víctimas de crímenes atroces en todo el mundo. En un momento en que los conflictos se agravan a escala global, su misión es más importante que nunca.
Si se permite que un solo Estado poderoso destruya la CPI, es posible que nunca pueda reconstruirse. Su desaparición reforzaría la impunidad en un momento en que las atrocidades masivas se están normalizando.
Los intentos de limitar la jurisdicción de la Corte o de interferir en su independencia socavarían su legitimidad y negarían a las víctimas su derecho a la justicia.
Es necesario adoptar medidas de protección inmediatas para que la CPI pueda continuar con su labor. El Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea debe activarse sin demora para proteger a los operadores no estadounidenses que prestan servicios a la CPI. Los Estados Partes deben encontrar soluciones prácticas que garanticen el funcionamiento de la Corte en caso de que las sanciones entren plenamente en vigor en abril de 2027, incluido el acceso a servicios bancarios y otros servicios esenciales.
También es fundamental proteger a las organizaciones y personas que colaboran con las investigaciones de la CPI y que prestan servicios de reparación y apoyo a las víctimas.
Lamentamos que algunos Estados —Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y Venezuela— hayan decidido recientemente retirarse de la CPI. Hacemos un llamado a los líderes políticos de esos países para que reviertan sus decisiones y alentamos a cualquier otro gobierno que enfrente presiones políticas a mantenerse firme y cumplir con su responsabilidad de garantizar que la CPI pueda seguir actuando contra la impunidad.
La CPI está al servicio de toda la humanidad. Su supervivencia depende de la voluntad de sus Estados miembros de mantenerse unidos y defender su labor.
FIN
Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz y presidente de The Elders.
Graça Machel, fundadora de Graça Machel Trust, cofundadora y vicepresidenta de The Elders.
Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega y exdirectora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y exadministradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Elbegdorj Tsakhia, expresidente y ex primer ministro de Mongolia.
Zeid Ra’ad Al Hussein, ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Hina Jilani, abogada ante la Corte Suprema de Pakistán y copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Justicia.
Ellen Johnson Sirleaf, expresidenta de Liberia y Premio Nobel de la Paz.
Denis Mukwege, médico, defensor de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz.
Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ernesto Zedillo, expresidente de México.
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