La semana pasada, en un evento de alto nivel sobre la reforma del Consejo de Seguridad, Juan Manuel Santos expuso una visión para un Consejo más eficaz y representativo, reiterando el llamado de Los Elders a crear escaños con mandatos más largos, reelegibles y asignados por región.

Lea sus declaraciones completas:
 

Quisiera comenzar agradeciendo al embajador Gregor Koessler por la invitación a participar en este evento.

Cuando Nelson Mandela fundó Los Elders —el grupo independiente de líderes mundiales que tengo el honor de presidir— nos instó a llevar siempre un mensaje de esperanza. Con ese espíritu, me permito compartir una visión esperanzadora sobre algo que el mundo lleva tiempo exigiendo: la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Imaginemos que estamos en el año 2050. Han transcurrido casi veinte años desde que el Consejo fue reformado exitosamente mediante la creación de escaños regionales, reelegibles y de largo plazo.

Esos escaños han ampliado de manera significativa la representación global en el Consejo, en particular para regiones históricamente subrepresentadas como Asia, África y América Latina —mi propia región—. 

El Consejo está lejos de ser perfecto, pero su funcionamiento ha mejorado y el cambio ha devuelto cierta legitimidad al sistema multilateral. Los miembros permanentes han ejercido el veto con mayor cautela, en parte gracias al contrapeso geopolítico que ofrece este nuevo grupo de miembros.

El Consejo ha logrado adoptar posiciones más firmes frente a la conducción de guerras ilegales, especialmente cuando se cometen crímenes atroces a plena luz del día. Ha demostrado, además, una mayor capacidad para resistir la presión de Estados poderosos, mientras el uso del veto está sujeto a un escrutinio cada vez más mayor.

Esta reforma fue posible gracias a una diplomacia heróica, que se desarrolló en medio de graves amenazas a la paz y la seguridad durante la década de 2020: la invasión rusa de Ucrania, los conflictos en Gaza, Irán y el Oriente Medio en su conjunto, así como las guerras en Sudán y en la República Democrática del Congo, entre otros.

El elemento decisivo que hizo viable esta reforma fue el modelo presentado en el marco de las negociaciones intergubernamentales. Ese modelo no satisfizo plenamente a nadie, pero ofreció un Consejo mejor para todos.

Los cinco miembros permanentes se resistieron al cambio. También lo hicieron algunos Estados que consideraban merecer los mismos privilegios de aquellos cinco miembros originales. Sin embargo, una vez que dos tercios de la Asamblea General aprobaron la propuesta y se iniciaron los procesos de ratificación nacional, ningún país quiso quedarse atrás. Como ocurrió con la ampliación del Consejo en la década de 1960, el cambio entró en vigor con celeridad.

Señoras y señores: presento esta visión no para sugerir que la tarea sea sencilla, sino para recordar que es posible y, ante todo, urgente —algo que mi colega Elder Ban Ki-moon subrayó con claridad cuando se dirigió al Consejo el pasado mes de diciembre—.

El mundo no puede esperar mucho más. La era en que el respeto por el derecho internacional ha quedado relegado a un segundo plano ya es una realidad: las restricciones al uso de la fuerza por parte de los Estados se transgreden con una impunidad creciente. 

Los Elders consideran que toda propuesta de reforma debe cumplir tres criterios fundamentales:

• Mejorar la representación y la efectividad del Consejo.
• Contar con posibilidades reales de respaldo en la Asamblea General.
• Ser un modelo viable, capaz de implementarse una vez completado el proceso de ratificación.

Respaldamos la creación de escaños de largo plazo y reelegibles, asignados por región, con especial urgencia para aquellas regiones que hoy permanecen subrepresentadas. Además de fortalecer la representación y la efectividad, esta medida elevaría también la rendición de cuentas de los Estados que ocupen esos escaños durante períodos más prolongados.

Los Elders nos hemos opuesto con firmeza a cualquier ampliación del derecho al veto, y estoy convencido de que una membresía más amplia no respaldará ninguna propuesta que corra el riesgo de volver al Consejo aún más ineficaz mediante la extensión de ese privilegio.

Consideramos que todos los Estados que aspiren a ocupar estos escaños deben estar dispuestos a hacerlo sin derecho al veto. Y si la eliminación total del veto no resulta viable en el corto plazo, deben promoverse modelos y prácticas que restrinjan su uso y eleven sus costos políticos. Apoyamos igualmente la incorporación de un mecanismo de revisión periódica en cualquier reforma, que permita al Consejo adaptarse a un mundo en permanente transformación.

Para concluir, quisiera reconocer la ambición con la que los copresidentes de las negociaciones han conducido este trabajo. Hacemos un llamado a todos los Estados involucrados a actuar de manera coordinada, con apertura al diálogo y genuina disposición al compromiso, y a dar el siguiente paso: presentar un modelo consolidado ante la Asamblea General.

Tengamos presente que será imposible satisfacer a todos. Empeñarse en alcanzar un modelo perfecto y plenamente consensuado solo servirá para postergar la reforma indefinidamente.

Pero con voluntad política y espíritu de acuerdo, una gran conquista está a nuestro alcance: un Consejo renovado, que sirva mejor a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Persigamos ese objetivo con determinación y urgencia — antes de que sea demasiado tarde.